Los data centers, la inteligencia artificial y la economía de la nube abren una oportunidad para Argentina. Pero sin condiciones de transferencia, articulación local y política tecnológica, la inversión puede reproducir una nueva forma de enclave.
En octubre de 2025, OpenAI y Sur Energy firmaron una carta de intención para desarrollar en la Patagonia argentina un centro de datos de inteligencia artificial de gran escala. Según el anuncio del gobierno argentino y la cobertura periodística posterior, el proyecto —denominado Stargate Argentina— podría alcanzar una inversión de hasta USD 25.000 millones y una capacidad de hasta 500 megavatios. Se lo presentó como una de las mayores inversiones tecnológicas y energéticas de la historia argentina reciente.
El dato es relevante. Una inversión de esa magnitud puede generar infraestructura, empleo técnico, demanda energética, proveedores, divisas y visibilidad internacional. El problema no es el proyecto en sí mismo. El problema es bajo qué condiciones se instala. Hasta donde surge de la información pública disponible, no se conocen exigencias robustas de transferencia tecnológica, asociación obligatoria con universidades o centros científicos nacionales, desarrollo de proveedores locales, auditoría pública de datos estratégicos o construcción de capacidades productivas propias.
La pregunta, entonces, no es si Argentina debe aceptar o rechazar data centers. La pregunta es más exigente: qué tipo de inserción quiere construir en la economía global de la inteligencia artificial. Una inversión digital puede ser palanca de desarrollo o enclave extractivo según las condiciones tecnológicas, productivas, ambientales e institucionales bajo las cuales se instala.
Yanis Varoufakis y Cédric Durand desarrollaron en los últimos años la hipótesis del tecnofeudalismo como una forma de interpretar transformaciones recientes del capitalismo digital. La categoría es discutida, pero resulta útil para pensar un rasgo central de la economía contemporánea: la creciente apropiación de rentas por el control de infraestructuras críticas.
El argumento central es que las grandes corporaciones tecnológicas —Amazon, Google, Microsoft, Meta, OpenAI y otras— no se apropian de valor solamente a través del mecanismo clásico de la ganancia industrial. También capturan renta por el acceso a infraestructuras que controlan de manera concentrada: la nube, las plataformas, las tiendas de aplicaciones, los sistemas operativos, las redes sociales, los modelos de lenguaje, las arquitecturas de cómputo y los datos.
El capital en la nube, para usar la expresión de Varoufakis, funciona como una infraestructura de acceso obligado. Quien lo controla puede cobrar peaje a empresas, Estados, trabajadores, instituciones y usuarios. Una pyme aloja sus sistemas en servidores ajenos. Un organismo público contrata servicios de nube. Una universidad utiliza plataformas externas para investigar. Una persona entrega datos a cambio de servicios gratuitos. Una empresa integra inteligencia artificial mediante APIs que no controla. La lógica no es solo producir más barato. Es controlar la infraestructura sobre la cual otros producen, trabajan, consumen, se informan, aprenden y toman decisiones.
Esta es una hipótesis poderosa para leer lo que ocurre en las economías centrales. Pero tiene un punto ciego: dice poco sobre la posición de los países periféricos en la geografía material de esa economía digital. ¿Cuál es el lugar de Argentina en ese nuevo régimen de rentas tecnológicas? ¿Somos solamente usuarios que pagan acceso? ¿Somos mercados de consumo? ¿O somos también territorio, energía, minerales, agua y talento puestos al servicio de infraestructuras que otros controlan?
El tecnofeudalismo, como cualquier forma histórica de acumulación, necesita insumos materiales. La nube no flota en el aire. Está hecha de centros de datos, fibra óptica, chips, cobre, energía, refrigeración, agua, software, minerales críticos, tierra, logística y trabajo humano altamente calificado.
Un centro de datos de gran escala puede demandar cantidades muy significativas de electricidad, equipamiento eléctrico, transformadores, sistemas de refrigeración, fibra óptica, materiales críticos e infraestructura de conectividad. Si el proyecto Stargate Argentina alcanzara efectivamente los 500 MW anunciados, su escala energética sería comparable a la de una gran instalación industrial o al consumo de una ciudad mediana.
¿De dónde vienen esos insumos? En proporciones crecientes, de territorios periféricos o semiperiféricos. Litio para baterías y sistemas de almacenamiento. Cobre para redes eléctricas, data centers e infraestructura de transmisión. Energía renovable, hidroeléctrica o nuclear para alimentar procesamiento intensivo. Territorio con condiciones climáticas favorables. Y un insumo menos visible pero igualmente estratégico: talento científico, tecnológico e ingenieril formado en sistemas educativos públicos.
Argentina no es solo un mercado de consumo de servicios de inteligencia artificial. También puede convertirse en proveedor de parte de la infraestructura material y humana sobre la que esos servicios se sostienen. La tradición latinoamericana del desarrollo permite mirar esta cuestión con una pregunta incómoda: ¿qué lugar ocupa un país periférico cuando aporta los insumos del nuevo régimen tecnológico, pero no controla las plataformas, los modelos, los estándares, los datos ni la renta que de ellos se deriva?
Raúl Prebisch describió hace setenta años un mecanismo central del intercambio desigual: los países periféricos exportaban bienes con bajo contenido tecnológico e importaban manufacturas con alto valor agregado. Esa asimetría tendía a reproducirse porque el conocimiento incorporado a los bienes definía quién capturaba mayor valor en el intercambio internacional. La economía digital no eliminó ese problema. Lo transformó.
Argentina ya no solo exporta materia prima e importa tecnología. En la economía de la nube puede quedar atrapada en un circuito más complejo de subordinación:
El proyecto Stargate Argentina condensa varias dimensiones de este problema. OpenAI y Sur Energy aportan marca, escala, capital, arquitectura global de negocios y acceso a una demanda creciente de cómputo para inteligencia artificial. Argentina podría aportar energía, territorio, condiciones climáticas favorables, incentivos fiscales bajo el RIGI y una localización estratégica en América Latina.
Ese punto no debe subestimarse. Atraer infraestructura digital de gran escala puede tener beneficios reales: inversión, empleo técnico, construcción de redes, proveedores de servicios, mejora de conectividad, demanda energética y posicionamiento internacional. Pero esos beneficios no aparecen automáticamente. Dependen de los términos bajo los cuales se organiza la inversión.
Argentina, en cambio, parece competir principalmente desde el incentivo general a grandes inversiones. Eso puede ser eficaz para atraer capital, pero no alcanza para transformar automáticamente infraestructura importada en capacidades locales. La diferencia entre atraer un data center y construir una política de infraestructura digital es precisamente esa: las condiciones.
Hasta donde se conoce públicamente, no hay información suficiente para afirmar que Stargate Argentina incluya obligaciones fuertes de transferencia tecnológica, asociación con CONICET o universidades, participación de proveedores tecnológicos nacionales, compromisos de formación local, apertura de capacidades de cómputo para proyectos científicos argentinos o mecanismos de gobernanza pública sobre datos e infraestructura crítica. La diferencia no está en el tamaño de la inversión: está en los términos bajo los cuales se instala.
Argentina forma investigadores, ingenieros, matemáticos, desarrolladores y especialistas en inteligencia artificial con una fuerte participación del financiamiento público. En un contexto de salarios locales deprimidos, inestabilidad macroeconómica y demanda internacional de talento digital, una parte de esos recursos humanos trabaja para plataformas, laboratorios, consultoras y empresas tecnológicas extranjeras. Esto no es necesariamente negativo para cada persona ni para cada trayectoria profesional. Puede generar ingresos, experiencia, redes y circulación internacional de conocimiento.
El problema aparece cuando el país no logra convertir esa circulación en una estrategia de desarrollo. Si el Estado financia la formación, pero no existen proyectos locales, empresas tecnológicas, laboratorios, infraestructura de cómputo, salarios competitivos o políticas de vinculación capaces de retener parte de ese conocimiento, el resultado puede ser una transferencia indirecta de capacidades: formación pública local, captura privada global.
Lo que se llama "fuga de cerebros" o "exportación de talento" no es solo un problema migratorio. También puede ser una forma de subsidio involuntario a la economía digital global. La paradoja es específicamente latinoamericana: el mismo sistema público que produce talento de alta calificación suele ser debilitado presupuestariamente, mientras ese talento se vuelve uno de los insumos más valiosos de la economía global de datos, software e inteligencia artificial.
Hay una tentación legítima en el debate: si la economía de la inteligencia artificial demanda infraestructura global, ¿no es mejor capturar parte de esa inversión? ¿No es preferible tener data centers que no tenerlos? La respuesta no debería ser negativa. Pero tampoco automática. Depende de las condiciones.
La experiencia latinoamericana con recursos naturales ofrece una lección clara. La existencia de renta no garantiza desarrollo. El petróleo, el cobre, la soja, el litio, la minería o los hidrocarburos pueden generar divisas, inversión y empleo. Pero su conversión en desarrollo productivo sostenido depende de la capacidad estatal para capturar parte de la renta, orientar encadenamientos, construir proveedores, sostener capacidades tecnológicas, regular impactos ambientales y evitar enclaves desconectados del resto de la economía.
El extractivismo digital tiene un riesgo similar. Un data center puede ser parte de una estrategia nacional de infraestructura digital, IA, energía, ciencia y servicios tecnológicos. O puede ser un enclave: consume energía, importa equipamiento, opera con estándares externos, procesa datos para mercados globales y deja pocos aprendizajes locales. La diferencia entre un data center que es palanca y uno que es enclave no es ideológica. Es técnica, institucional y de política pública: qué condiciones impone el Estado antes de firmar el acuerdo.
No se trata de rechazar la inversión. Se trata de ponerle condiciones que conviertan infraestructura global en aprendizaje productivo local.
El feudalismo medieval no se superó porque los siervos consiguieron mejores condiciones de servidumbre. Se transformó cuando cambiaron las relaciones de propiedad, poder y apropiación de la renta sobre la tierra. La analogía no debe tomarse de manera literal. Pero sirve para iluminar una cuestión central: en la economía digital, la infraestructura importa. Quien controla la nube, los datos, los modelos y las plataformas controla una parte creciente de la renta tecnológica global.
Argentina tiene recursos energéticos, minerales críticos, territorio, talento y capacidades científicas. También tiene una necesidad urgente de inversión, divisas, empleo e infraestructura. La tensión está ahí: el país necesita integrarse a la economía global de la inteligencia artificial, pero no debería hacerlo solo como proveedor barato de insumos, territorio y talento.
El desafío no es decirle que no a la inversión. Es construir condiciones para que esa inversión deje algo más que capacidad instalada al servicio de plataformas globales.
La pregunta decisiva no es si Argentina tendrá data centers. La pregunta es si esos data centers serán enclaves digitales o plataformas de desarrollo productivo.