Desde diciembre de 2023, el área de Ciencia, Tecnología e Innovación perdió rango ministerial y sus competencias fueron transferidas a la Jefatura de Gabinete de Ministros. En paralelo, el sistema científico-tecnológico argentino atravesó un deterioro presupuestario significativo: según el CIICTI, en 2025 la Función Ciencia y Tecnología del presupuesto nacional cayó al 0,167% del PBI, el valor más bajo de la serie iniciada en 1972, incluso por debajo del registro de 2002. Organismos como la Agencia I+D+i, el INTI y otros componentes del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación enfrentaron fuertes restricciones presupuestarias y operativas.
El contraste regional e internacional es relevante. Mientras Argentina redujo capacidades estatales en áreas estratégicas, Brasil lanzó la Nova Indústria Brasil, una política de neoindustrialización con R$ 300.000 millones en financiamiento hasta 2026, orientada por misiones productivas, innovación, compras públicas y prioridades sectoriales. En Alemania, la red Fraunhofer sigue combinando contratos con empresas, proyectos públicos y financiamiento base del Estado federal y los Länder, que representa cerca del 30% de sus recursos. En Corea del Sur, el Estado amplió en 2025 su paquete de apoyo financiero al sector de semiconductores, en un contexto de competencia tecnológica global cada vez más intensa.
El contraste no debería leerse solo en clave ideológica. También expresa una diferencia estratégica. Y plantea una pregunta que Argentina no termina de resolver: qué puede hacer el Estado en el desarrollo productivo, cuándo debe hacerlo y cómo.
Hay dos posiciones que dominan el debate argentino sobre el Estado y la economía, y ambas comparten el mismo defecto: son demasiado generales para ser útiles.
La primera descarta al Estado como actor productivo. El argumento es conocido: el Estado es ineficiente, distorsiona precios, genera déficit, protege sectores no competitivos y retrasa la asignación eficiente de recursos. La solución que se deriva de ese diagnóstico es reducir, desregular y privatizar. Esta posición tiene razón en un punto: hay intervenciones estatales que generan rentas sin crear capacidades, que protegen sin transformar, que gastan sin aprender. Pero de ese diagnóstico no se desprende necesariamente que el Estado deba retirarse del proceso productivo.
La segunda posición convierte al Estado en solución universal. Todo problema productivo parece requerir un programa, un subsidio, un organismo o una ley. Esta mirada acierta cuando señala que los mercados, por sí solos, no producen desarrollo en economías periféricas con heterogeneidad estructural profunda. Pero suele tener más dificultades para distinguir qué intervenciones funcionan, bajo qué condiciones, con qué capacidades institucionales y con qué mecanismos de evaluación.
El problema de ambas posiciones es que hablan del Estado en abstracto. Y el Estado no existe en abstracto: existe en organismos concretos, con capacidades específicas, en sectores particulares, en momentos históricos determinados. La pregunta útil no es simplemente si hace falta "más" o "menos" Estado. La pregunta relevante es otra: qué tipo de intervención, en qué momento del proceso productivo, con qué capacidades institucionales, bajo qué condiciones de aprendizaje y con qué horizonte temporal.
Hay al menos cuatro funciones en el desarrollo productivo que los mercados no proveen de manera espontánea en la escala, la dirección y el plazo que requiere una estrategia nacional de desarrollo.
La primera es el financiamiento de largo plazo para la innovación. El mercado de crédito privado tiende a financiar aquello que puede medir, garantizar y recuperar en plazos relativamente previsibles. La innovación, en cambio, es incierta; sus retornos son diferidos; y una parte de sus beneficios se derrama sobre otras empresas, sectores o territorios. Por eso, sin intervención pública, la inversión en innovación suele quedar por debajo de lo socialmente necesario. En Argentina existen instrumentos pensados para ocupar ese lugar —el FONTAR, el FONCYT y el FONARSEC—, pero el problema no es solo la ausencia de instrumentos: es su inestabilidad, su fragilidad presupuestaria y la dificultad para sostenerlos durante ciclos largos de aprendizaje productivo.
La segunda función es la compra pública estratégica. El Estado es uno de los mayores compradores de la economía. Cuando sus decisiones de compra se orientan exclusivamente por el menor precio inmediato, puede terminar consolidando dependencia externa. Cuando, en cambio, incorpora criterios de desarrollo de proveedores, aprendizaje tecnológico y generación de capacidades locales, la compra pública puede convertirse en una herramienta productiva de primer orden. Esto no significa comprar cualquier cosa ni proteger indefinidamente a cualquier proveedor. Significa usar la demanda estatal para construir capacidades donde existen condiciones técnicas, empresariales e institucionales para hacerlo.
La tercera función es la articulación entre actores que el mercado no conecta espontáneamente. Las universidades, los organismos científicos, los institutos tecnológicos, las empresas, las pymes, los gobiernos locales y las cámaras sectoriales no siempre hablan el mismo idioma, no tienen los mismos tiempos ni conocen con precisión qué puede ofrecer cada parte. En sus mejores versiones, organismos como el INTI, el INTA, la CNEA y las universidades públicas cumplen precisamente esa función: acercar conocimiento, asistencia técnica, capacidades de ensayo, certificación y desarrollo experimental a problemas productivos concretos. No se trata solo de transferir conocimiento desde un lugar donde supuestamente sobra hacia otro donde falta. Se trata de construir procesos de aprendizaje compartido.
La cuarta función es la formación de recursos humanos calificados. Difícilmente una empresa privada invierta por sí sola en la formación de capacidades técnicas, científicas y profesionales a la escala y con el horizonte temporal que requiere una estrategia de desarrollo. Cuando ese sistema se deteriora, no pierde solamente la comunidad científica. También pierden las empresas, las pymes, las instituciones públicas, las cooperativas, las industrias y los territorios que necesitan talento formado para resolver problemas concretos. En una economía donde la productividad depende cada vez más del conocimiento incorporado en procesos, productos y organizaciones, la formación de capacidades humanas es una política productiva, no solo educativa.
Argentina tiene experiencias propias que muestran que el Estado puede intervenir en el desarrollo productivo de manera efectiva cuando existen continuidad, criterio, capacidades institucionales y articulación con actores sociales, científicos y empresariales.
INVAP es el caso más citado, pero no debería ser leído como una excepción inexplicable. Su trayectoria muestra cómo la acumulación de capacidades tecnológicas complejas requiere tiempo, equipos profesionales, demanda pública, articulación con el sistema científico y orientación estratégica. El INTA ofrece otro ejemplo relevante: nacido en 1956, su modelo combina investigación, extensión y transferencia de conocimiento al sector agropecuario, y muestra que la tecnología productiva no surge solamente de laboratorios aislados ni de empresas individuales, sino también de redes territoriales, estaciones experimentales y diálogo sostenido con productores, cooperativas, pymes y economías regionales.
También hay experiencias menos visibles pero igualmente importantes: los parques industriales públicos, los programas de desarrollo de proveedores, las políticas de certificación y calidad, los laboratorios públicos, los centros universitarios de asistencia técnica y los instrumentos de financiamiento productivo. Ninguna de estas experiencias implica idealizar al Estado. Todas requieren gestión, evaluación, profesionalización y revisión permanente. Pero muestran algo importante: cuando el Estado actúa con capacidades técnicas, continuidad y orientación productiva, puede ayudar a crear mercados, sectores, empresas y aprendizajes que no aparecen automáticamente.
El mayor obstáculo para el desarrollo productivo argentino no es simplemente que el Estado intervenga mucho o poco. Es que interviene de manera discontinua. Cada cambio de ciclo político tiende a redefinir prioridades, desarmar programas, modificar autoridades, interrumpir financiamiento y dispersar equipos técnicos. Organismos que tardaron décadas en construir capacidades pueden perderlas en pocos meses. Programas que empiezan a mostrar resultados se cancelan antes de madurar.
El desarrollo productivo requiere horizontes que exceden la duración de un mandato presidencial. Construir capacidades en energía nuclear, biotecnología, maquinaria agrícola, software, alimentos, energía, transición energética, litio, inteligencia artificial o tecnologías industriales no puede depender exclusivamente de ciclos políticos de cuatro años ni de ajustes presupuestarios recurrentes.
La continuidad no debe ser excusa para conservar estructuras ineficientes; pero la revisión permanente tampoco puede convertirse en destrucción recurrente de capacidades. Argentina sabe construir instituciones de largo plazo. Lo demostró con la CNEA, con el INTA, con universidades públicas y con empresas de base tecnológica que lograron insertarse en mercados complejos. Lo que no logró todavía es convertir esa experiencia en un principio general de política productiva.
La pregunta que INNOV.AR quiere dejar instalada no es si el Estado debe participar en el desarrollo productivo. La evidencia comparada y la propia historia argentina muestran que no hay procesos sostenidos de transformación productiva sin algún tipo de acción pública estratégica. La pregunta más útil es otra: qué Estado, con qué capacidades, en qué sectores, con qué instrumentos, con qué alianzas y con qué horizonte temporal.
Un Estado productivo no es necesariamente un Estado más grande en todas las áreas. Tampoco es un Estado mínimo que se limita a garantizar reglas generales y esperar que el mercado resuelva por sí solo los problemas de desarrollo. Es un Estado capaz de orientar, financiar, comprar, regular, coordinar, formar capacidades, construir información, reducir incertidumbre y aprender de sus propios errores. Ese Estado necesita capacidades técnicas, información sectorial, cuadros profesionales estables, diálogo con múltiples actores, instrumentos flexibles con criterios claros y mecanismos de evaluación que no exijan impactos inmediatos a procesos que requieren maduración.
La discusión pública argentina suele quedar atrapada entre dos simplificaciones: el Estado como obstáculo permanente o el Estado como respuesta automática. Superar esa falsa alternativa exige una conversación más técnica, más situada y más honesta sobre qué funciona, qué no funciona y qué capacidades hay que sostener.
En esa discusión se juega una parte central de la agenda productiva argentina.