En marzo de 2026, el gobierno argentino firmó un acuerdo con Salesforce para impulsar el uso de inteligencia artificial y agentes autónomos en procesos del Estado, junto con iniciativas de formación de talento, desarrollo de pymes y transformación digital. La noticia pasó sin demasiado debate público.
Mientras tanto, Brasil desplegaba su Plan Brasileño de Inteligencia Artificial 2024-2028, con financiamiento público, infraestructura nacional, formación de capacidades y el objetivo de reducir la dependencia de soluciones importadas. La Unión Europea ponía en marcha el AI Act y articulaba su política de inteligencia artificial con una agenda más amplia de regulación, competitividad y autonomía tecnológica. China, por su parte, consolidaba su participación en cadenas de valor tecnológicas críticas.
El contraste no debería leerse solo en clave ideológica. También es estratégico. Y plantea una pregunta que Argentina todavía no se hace con suficiente seriedad: qué significa tener una política tecnológica propia cuando el mundo se fragmenta en bloques y el país necesita, al mismo tiempo, inversión externa, acceso a divisas y tecnologías que no produce en escala.
Ese es el nudo. Argentina necesita vincularse con plataformas globales, atraer inversiones, incorporar soluciones tecnológicas y participar de flujos internacionales de conocimiento. Pero justamente por eso necesita criterios propios para decidir qué adoptar, qué negociar, qué desarrollar y qué proteger. La forma en que se resuelva —o se evite— esa tensión tendrá consecuencias productivas concretas.
En Argentina, la discusión sobre soberanía tecnológica suele oscilar entre dos posiciones que comparten un defecto de fondo: ninguna de las dos es suficientemente operativa.
La primera descarta la soberanía tecnológica como ilusión. El argumento es conocido: en un mundo integrado, pretender desarrollar tecnología propia sería costoso, redundante y anacrónico. Lo que correspondería es adoptar lo que el mercado global ofrece, aprovechar las ventajas comparativas existentes y no desperdiciar recursos públicos escasos en duplicar lo que otros ya hacen mejor. Esta posición tiene razón en un punto: la autarquía tecnológica es imposible para una economía del tamaño de la argentina. Pero llega a la conclusión equivocada: que entonces hay que adoptar pasivamente las plataformas, estándares, modelos e infraestructuras que otros diseñan en función de sus propios intereses.
La segunda posición proclama la soberanía tecnológica como bandera sin decir cómo construirla. "Hay que tener tecnología propia" aparece como afirmación de principios, pero muchas veces desconectada de cualquier análisis sobre cuál tecnología, con qué capacidades, en qué tiempo, con qué escala, mediante qué instituciones y bajo qué condiciones de financiamiento. Esta posición acierta en el diagnóstico de fondo: la dependencia tecnológica es real y tiene costos económicos, productivos y políticos. Pero si no se traduce en prioridades, instrumentos y capacidades concretas, queda en el terreno de la consigna.
El problema es conceptual antes que político. La soberanía tecnológica no es un estado binario que se tiene o no se tiene. Es una capacidad dinámica y selectiva: la capacidad de tomar decisiones estratégicas sobre qué tecnologías desarrollar, cuáles adoptar con inteligencia, cuáles importar con condiciones negociadas y cuáles proteger o regular cuando comprometen la autonomía decisional en áreas críticas. Eso no se declama. Se construye sector por sector, institución por institución, proyecto por proyecto, a lo largo de décadas.
Hace setenta años, Raúl Prebisch describió con precisión el mecanismo por el cual los países periféricos se empobrecen relativamente en el intercambio con el centro: exportan bienes con bajo contenido tecnológico e importan manufacturas con alto valor agregado, y esa asimetría se reproduce estructuralmente.
Pero el problema que señalaba Prebisch no desapareció. Se transformó. En el siglo XXI, el intercambio desigual no se expresa solamente entre materias primas y manufacturas. También aparece entre plataformas digitales y usuarios; entre modelos de inteligencia artificial entrenados, controlados y monetizados en los países centrales y empresas periféricas que los adoptan sin participar en su diseño; entre estándares tecnológicos definidos por grandes potencias y países que los incorporan como datos del entorno.
Argentina no solo exporta soja e importa bienes de capital. También exporta talento científico y tecnológico, cede datos de sus ciudadanos y empresas a plataformas que los procesan en otro lugar, adopta infraestructuras digitales sobre las cuales tiene limitada capacidad de auditoría y compra soluciones tecnológicas cuya lógica interna no siempre puede evaluar, adaptar o negociar. Esa es una nueva forma de dependencia. Es menos visible que la anterior, pero no menos estructural.
Hay un caso que Argentina conoce bien y que, sin embargo, casi no aparece en el debate público sobre política tecnológica: INVAP. Desde Bariloche, esta empresa estatal desarrolla sistemas tecnológicos complejos en áreas como tecnología nuclear, espacial, defensa, seguridad y ambiente. Ha diseñado y construido reactores de investigación, satélites de observación terrestre, sistemas de radar y soluciones de alta complejidad para clientes nacionales e internacionales. En materia nuclear, cuenta con antecedentes relevantes en proyectos de reactores de investigación en países como Australia, Egipto, Argelia, Arabia Saudita y Países Bajos.
INVAP no compite con todo el espectro tecnológico global. Compite donde acumuló décadas de capacidades propias: formación de recursos humanos calificados, articulación entre investigación básica y aplicada, demanda pública, aprendizaje institucional, ingeniería de sistemas complejos y vinculación internacional. No es un accidente ni un milagro. Es el resultado de una trayectoria de política tecnológica que comenzó con la Comisión Nacional de Energía Atómica en los años cincuenta y logró construir lo que la economía evolucionista llama capacidades de absorción tecnológica: no solo la habilidad de usar tecnología importada, sino también de adaptarla, mejorarla, integrarla y eventualmente exportarla.
El patrón es claro: Argentina puede construir soberanía tecnológica selectiva cuando hay una política de largo plazo que articula investigación, formación, compra pública estratégica, aprendizaje institucional e inserción internacional. El problema es que ese patrón se interrumpe. La compra pública se retira con cada cambio de ciclo político. Los presupuestos científicos suelen ser los primeros en ajustarse en las crisis fiscales. Y la continuidad que permitió sostener capacidades en áreas como la nuclear, la satelital o la biotecnológica no se generalizó como principio de política tecnológica.
INVAP no es solo un caso de éxito para celebrar. Es un espejo de algo más profundo: la capacidad argentina para construir activos tecnológicos estratégicos existe, pero no siempre se consolida porque el Estado no logra sostenerlos como política de Estado. Se los construye y se los abandona. Se los financia y se los recorta. Se los exhibe en foros internacionales y se los deja sin demanda interna suficiente.
El mundo que emerge de la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China, del AI Act europeo, de las disputas por semiconductores, de la carrera por minerales críticos y de la expansión acelerada de la inteligencia artificial no es solo una fuente de riesgos para América Latina. También abre márgenes de negociación para países que cuentan con capacidades propias.
Cuando las grandes potencias se fragmentan tecnológicamente, los países que tienen capacidades específicas pueden ganar espacios que no existían en el período de globalización unipolar. La multipolaridad tecnológica puede ser una ventaja. Pero solo si hay estrategia para usarla.
El litio es el ejemplo más visible de esta tensión. Argentina está entre los países con mayores recursos identificados de litio del mundo, pero la discusión política suele oscilar entre exportarlo como commodity y nacionalizarlo de manera genérica. La pregunta que casi nunca se formula con precisión es otra: cómo usar el litio como palanca para ingresar en cadenas de valor de baterías, transición energética, movilidad eléctrica, química aplicada, ingeniería y servicios tecnológicos, de manera de acumular capacidades propias en lugar de limitarse a exportar el recurso.
Lo que falta es algo que podría llamarse una política tecnológica exterior: una estrategia activa para usar capacidades propias como instrumento de inserción internacional, negociación productiva y acumulación tecnológica. Eso implica que Cancillería, sistema científico-tecnológico, organismos de fomento productivo, universidades, empresas públicas, provincias y sector privado no actúen como compartimentos separados cuando se negocia cooperación, se licita infraestructura crítica o se define bajo qué condiciones ingresan plataformas globales al mercado argentino.
El acuerdo con Salesforce puede ser razonable como herramienta de modernización del Estado. El problema no es el acuerdo en sí mismo. El problema es la ausencia de contexto estratégico. ¿Ese acuerdo forma parte de una política tecnológica que también incluye desarrollo de capacidades propias, condiciones de transferencia, protección de datos estratégicos, auditoría pública, formación de recursos humanos locales y fortalecimiento de proveedores argentinos? ¿O el acuerdo es la estrategia?
La diferencia entre ambas respuestas no es un detalle de gestión. Es, en buena medida, la diferencia entre un país que usa la tecnología para desarrollarse y uno que se desarrolla para usar la tecnología de otros.